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Decreto que afectaba a Chimborazo en 64 mil Has fue declarado nulo

El Decreto Ejecutivo 1389, fue emitido el 23 de mayo del 2017, en el mismo se estableció la delimitación entre las provincias de Cañar y Chimborazo. El jueves 28 de marzo del 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo en Quito, resolvió en audiencia su nulidad, tras un proceso judicial emprendido por el Gobierno Provincial de Chimborazo, que ha liderado la defensa jurídica y social del territorio provincial.
Históricamente, los sectores a definirse abarcan las comunidades de Juval y Guangras, ubicadas en el límite provincial y mantienen en disputa el sitio denominado Seteleg-Chunchi, completando un estimado de 64 mil hectáreas. El decreto ahora nulo, otorgaba 64 mil hectáreas en discusión a Cañar, incluida la comunidad de Guangras. En tanto que el 30% restante se declaraba territorio chimboracense, como las comunidades de Pomacocho y Juval.
Como antecedente, la Prefectura de Chimborazo realizó una serie de acciones de tipo social, jurídica y política, como una consulta interna, impugnación de los informes de las Comisión de Limites del Ecuador, mediación, además centenas de personas salieron a las calles de Riobamba en dos oportunidades, en defensa del territorio provincial
Los resultados de la acción jurídica que permitió la declaratoria de nulidad del decreto ejecutivo 1389, los dio a conocer el Prefecto Mariano Curicama en la sesión del Consejo Provincial de Chimborazo realizada el viernes 29 de marzo del 2019. Enfatizó en que el trabajo realizado ha dado frutos y el territorio de Chimborazo no se ha perdido. "Los problemas de límites no son de esta administración, son casi cincuenta años que no se resuelven y han pasado muchas autoridades que en su turno no han podido resolver", indicó.
El Alcalde de Alausí Manuel Vargas, destacó el trabajo conjunto realizado por la administración y las autoridades que apoyaron de manera permanente para la defensa del territorio de Chimborazo en Jubal, Guangras en Alausí. Similar fue el pronunciamiento de la Viceprefecta Tránsito Lluco, quien propuso que se socialice la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, fruto del trabajo realizado por el Gobierno Provincial.


























